Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos
Derecho o conspiración
Indudablemente la agenda mediática ha sido copada por el tema carretero. Las marchas, contramarchas, bloqueos, desbloqueos y demás tácticas de convulsión social han sucedido, una tras otra desde que comenzó el conflicto, hace más de dos meses. Pero, ¿cuáles son los elementos de poder en juego, en este particular conflicto entre “carreteros” y “tipnistas”?. ¿Es nueva la petición de la carretera y la oposición de las comunidades aledañas a la construcción de la misma?; ¿cómo es que todos –gobierno y opositores– aparecen defendiendo derechos sin consultar a las comunidades?
Desde que comenzó la marcha se ha hecho un seguimiento exhaustivo del recorrido de los dirigentes marchistas. Se ha mostrado en los medios de comunicación si tienen agua, si están alimentados, si marchan con sus hijos, si hay bloqueos, si tal persona murió dentro o fuera de la marcha. Se ha mostrado todo lo que salta a la vista, pero no los antecedentes –de larga data– que tiene esta ruta.
VARIOS INTENTOS
Ya varios gobiernos han intentado abrir la ruta entre los departamentos de Cochabamba y Beni desde el siglo XIX. Incluso mucho antes el tema ya era abordado. Alcides d’Orbigny en su “(…) Por la América Meridional” señalaba, a su paso por territorio cochabambino, que la forma más factible de llegar a las “Misión Apostólica de los Moxos” pasaba por la zona del río Isiboro y el Sécure. Varios mandatarios republicanos mandaron misiones, con poca fortuna. En 1842, José Ballivián, presidente provisorio de la República adoptó varias medidas para mejorar las condiciones de los naturales de la provincia Moxos, mediante el decreto de 6 de agosto de aquel año.
El más serio de los intentos se realizó en el gobierno de facto del Cnl. Hugo Banzer Suárez. Ese período, que abarcó de 1971 a 1978 se inició el proyecto carretero para integrar los departamentos de Cochabamba y Beni, trazada la ruta, se llamó “Proyecto Río Eterazama – Rio Sécure”, a cargo del Servicio Nacional de Caminos la empresa SER EMBOLD. Las características planteadas en este proyecto eran una “carretera de dos vías de circulación con superficie de grava”, a diferencia del actual proyecto oficialista, que pretende usar materiales más sólidos, con el asfalto.
Para agosto del 78, la carretera tenía un avance del 17% (cerca de 25 kilómetros) y una longitud final de 120 kilómetros. Sí, 120 kilómetros que faltaba, en ese entonces, para unir los departamentos de Cochabamba y Beni. El actual proyecto contempla 306 kilómetros, pero con la diferencia que se cuenta desde Villa Tunari, hasta San Ignacio de Moxos. En esta zona se encuentra el famoso tramo II, de menos de 100 Kilómetros, que se ha convertido en la manzana de la discordia.
MUCHAS ZONAS DE RIQUEZA NATURAL Y CULTURAL AFECTADAS ACTUALMENTE
En Potosí, la minera San Cristóbal, a cargo de una multinacional japonesa, movió un pueblo entero para comenzar operaciones, afectando, aunque se niegue, la vida cultural diaria de las comunidades afectadas. En Coro Coro, también la minería afecta los afluentes de los ríos aledaños. El Pilcomayo, que alimenta a miles de personas y comunidades a su paso, especialmente a comunidades indígenas del Chaco boliviano.
La explotación de El Mutún, en la población fronteriza de Puerto Suárez, en el departamento de Santa Cruz, consume cientos de miles de litros de agua, lo que afectaría en un futuro la previsión de los comunidades –especialmente indígenas– aledañas, y ni qué decir de las cientos de hectáreas de bosque amazónico que se daña con la explotación de hierro, por parte de la transnacional india Jindal Power. La lista puede continuar, y sin embargo, es el conflicto del Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure, que es tan legítimo como defender los otros arriba mencionados, pero nadie lo hace.
¿Quién defiende los derechos de quién?
Actualmente todos dicen defender los derechos de los afectados. Se les ha quitado a aquellos que están tanto en la marcha, como los cientos de personas que viven en el TIPNIS, la decisión final. Hablan actores de derecha, de centro y de izquierda, incluso hablan los que los golpearon en otras coyunturas. Hablan de referéndums departamentales, “consulta previa”, y otras figuras legales. Sin embargo, no se sabe realmente qué es lo que dicen los pobladores del TIPNIS. Si la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce su derecho a la autodeterminación, con competencias específicas, se ha retrocedido en cuanto ahora. La cuestión del TIPNIS es una decisión política de trascendencia nacional.
Los actores políticos definirán, según las conveniencias políticas que se ha suscitado de este conflicto. Todos sacarán su tajada, el gobierno, porque la carretera seguramente será construida. La oposición, cada vez más sinsentido ha logrado, gracias a los medios de comunicación social, hacer el tema un asunto de interés nacional.
Los ecologistas o los “TIPNIS fashion”, cientos de personas que viven cómodamente en las ciudades, con agua, transporte y hospitales, y no tienen ni idea de lo que es el TIPNIS, lo que significa vivir en esas zonas, no conocen las culturas que se desenvuelven allí, también saldrán ganando, pues después de que pase este conflicto, cuando todo termine con o sin carretera, podrán decir en sus cabezas “bueno, salimos a marchar e hicimos lo que pudimos”, y quitarse de encima la culpa por el resultado.
Serán entonces, los verdaderos conspiradores, mientras el TIPNIS, alejado de nuestros cuerpos y nuestras mentes, seguirá con sus problemas: Luchando por su derecho a la vida, el territorio, tradiciones, costumbres, culturas, etc. Las cosas habrán cambiado. La marcha de los TIPNIS marcará otro momento histórico para los pueblos indígenas.
Razones para que la carretera no pase por el TIPNIS
Son tres puntos en los que se fundamenta el NO a la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos – Villa Tunari, por el medio del TIPNIS. Hay que aclarar que ningún boliviano, menos los indígenas originarios se oponen a la construcción de esta carretera bioceánica; lo que esta población exige es que no pase por el medio del TIPNIS. Razones ecológicas, que no las vamos a desarrollar en este documento. Razones sociales. La actual CPE, en su capítulo IV, artículo 30, numeral 4 señala que las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan del derecho de la libre determinación y territorialidad; en el numeral 6 se establece el derecho a la titulación colectiva de tierras y territorios; y en el numeral 15 que tienen el derecho a “ser consultados mediante procedimientos apropiados, en particular a través de sus instituciones, cada vez que se promuevan medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
En este caso se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa, obligatoria por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”. En agosto de 2008, el gobierno de Evo Morales, firma el contrato con la empresa OAS, para la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos – Villa Tunari, sin haber realizado ningún tipo de consulta previa con los pueblos indígena originario campesinos que habitan el TIPNIS. Esta conducta se la ve como una violación de los derechos constitucionales de estas poblaciones; derechos que han sido propuestos, impulsado por el propio Evo Morales, y aprobados por el pueblo boliviano en un referéndum.
La firma de ese contrato, deja al descubierto la discriminación que sufren los bolivianos indígenas de tierras bajas, como si para ellos la Constitución no se aplicara, y la falsedad e hipocresía del discurso del actual presidente y toda su gente. La marcha se inicia frente a la negativa de Evo Morales para sentarse, atender y negociar aspectos fundamentales sobre la carretera; como el hecho de que no debería partir el TIPNIS.
Frente al reclamo de los pueblos originarios de tierras bajas, el Presidente responde “esta carretera se va a realizar quieran o no quieran”; declaración que llama la atención porque refleja intransigencia y desvalorización de un grupo minoritario. Respecto a este punto debemos concluir que la carretera no debe ser construida por el medio del TIPNIS, porque no se ha respetado los derechos constitucionales de la población que vive en ese territorio. El propio Estado boliviano, está violando estos derechos constitucionales. A esto se suma la violación de los derechos humanos de los marchistas, con la intervención policial del domingo 25 de septiembre. Tarde en la que los policías detuvieron de manera violenta y humillante a los marchistas. Les amordazan con maskin, negándoles el derecho a la protesta y movilización 100% pacífica que tenemos todos los bolivianos. Esta intervención cobarde, terminó de despertar la indignación en todo el pueblo boliviano, que en marchas y concentraciones expresó su apoyo a los marchistas por el TIPNIS y rechazo total a las decisiones del gobierno nacional.
Razones económicas.- Bolivia entera no entiende la posición del gobierno, la pregunta es ¿por qué no cambian la ruta, y se respeta el TIPNIS y se construye esa importante carretera? En las últimas semanas ha salido a la luz los detalles del contrato firmado entre el Estado boliviano con la empresa multinacional OAS, para la construcción de esta carretera, el Sr. Juan Del Granado, líder político del MSM, ha denunciado 9 irregularidades en este contrato: 1º. El documento de contratación y el documento de crédito, establecen que la carretera SÍ tiene un trazo que parte en dos el TIPNIS. El gobierno mintió al decir que no había trazo. 2º. La carretera tiene una extensión de 306 Km., el precio final de esta construcción es de $us. 415 millones, lo que hace que cada kilómetro de carretera tiene un costo de $us. 1,35 millones.
Comparando estos precios con los costos de otras carreteras, se presume un sobreprecio de $us. 800 mil por kilometro de carretera, haciendo un presumible sobreprecio de $us. 200 millones. 3º. En el contrato, el Estado libera a la empresa OAS de la compra y provisión de cemento asfaltico. Es el Estado quien debe proveer a la empresa OAS este material con un costo de $us. 28 millones. Esto aumenta el precio por Km. de $us. 1,3 millones a 1,44 millones por kilómetro lineal de carretera. 4º. La carretera tiene previsto 209 Km. de puentes, es decir el 68% de la carretera serían puentes. 5º. El financiamiento para este proyecto no cubre el 100% de los costos, solo el 80%; el otro 20% lo tendría que pagar el Estado boliviano. 6º. Este proyecto no tiene un estudio de prefactibilidad; es decir que no hay las bases técnicas para saber si este proyecto se puede o no realizar 7º. El Gobierno nacional, libera a la empresa OAS de realizar el mantenimiento de la carretera, que inicialmente se establecía en 5 años. 8º. En la cláusula 22 del documento que éste estará sujeto a las leyes brasileñas, en violación directa del Art. 320 de la Constitución Política del Estado, que dice que toda inversión debe estar sujeta a leyes nacionales. 9º. El gobierno adjudicó la obra a la empresa OAS, dos años antes que ésta cuente con el financiamiento para esta construcción.
Estas denuncias, nos inducen a entender el porqué el Gobierno del MAS se empeña tanto en realizar la construccion esta carretera haciendo oídos sordos de los reclamos de los pobladores del TIPNIS. Estos indicios de irregularidades en el contrato firmado con OAS, son una razón más para que esa carretera no sea construida partiendo el TIPNIS. Primero que se aclare si esas denuncias son ciertas o no; para luego, con un contrato transparente y beneficioso al Estado boliviano, y en consenso con los pobladores del TIPNIS se decida si se construye o no y cómo se construye esa carretera.
Cronología de la marcha en defensa del TIPNIS
41 días de marcha, frustradas negociaciones y represión obligan al presidente Morales a retroceder
INDÍGENAS LLEVAN 75 DÍAS MARCHANDO
La masiva movilización partió a las 10:00 horas desde Trinidad el 18 de julio; se calculaba que en 30 días los indígenas cumplirían su objetivo de llegar a la sede de gobierno. A medio día de ése día, los marchistas habían recorrido cuatro kilómetros de carretera, en la marcha en defensa del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.
Al menos una veintena de organizaciones sociales, cívicas y políticas en ocho regiones de Bolivia, además de activistas urbanos, repudiaron la intervención policial a la marcha indígena. Parte de ellas, mantienen una vigilia en diferentes sectores de la ciudad y el país, por la defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Hace 54 días, el conflicto se inició cuando los indígenas partieron desde Trinidad a La Paz, con el objetivo de frenar la construcción de uno de los tres tramos que tiene la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que pasa por el corazón del TIPNIS.
INDÍGENAS DECIDEN INICIAR MARCHA SIN TREGUA
El 15 de agosto, un contingente, integrado por unos 700 indígenas, parte de Trinidad rumbo a La Paz. Tras 16 kilómetros de caminata, los marchistas llegan a El Puente, al otro lado del río Mamoré, en la primera jornada de su protesta. Dos días más tarde, el 17 de agosto, el diputado del MAS y representante de los pueblos indígenas del oriente, Pedro Nuni, y el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, dicen que esperan la presencia del presidente Evo Morales en el trayecto del recorrido para dialogar. Al día siguiente, 18 de agosto, el presidente Morales designa a los ministros Carlos Romero (Presidencia) y Walter Delgadillo (Obras Públicas) para negociar con los marchistas.
La negociación se inicia al día siguiente, 19 de agosto, pero los indígenas rechazan dialogar con los ministros Romero, y Delgadillo, que se trasladaron a San Ignacio de Moxos, y en lugar de ellos, exigen la presencia del presidente Morales, a quien envían un pliego petitorio de 16 puntos. Fracasado el intento de diálogo, 20 de agosto, los ministros Romero y Delgadillo proponen una reunión previa con los marchistas para coordinar un encuentro posterior con Evo Morales en la ciudad de La Paz. Horas más tarde, el 21 de agosto, el presidente Morales acusa a los dirigentes de la marcha de sostener contactos con la Embajada de EE.UU. y muestra un reporte de llamadas telefónicas efectuadas supuestamente por el encargado de Asuntos Indígenas de la Embajada, Eliseo Abelo, a los dirigentes Pedro Nuni, Rafael Quispe y a la esposa de Adolfo Chávez, principal dirigente de la CIDOB.
Las repercusiones no se dejan esperar, 22 de agosto; la Embajada estadounidense niega la acusación del Gobierno. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, dice que el extracto no fue obtenido mediante “un pinchazo telefónico o algo por el estilo”, sino a través de “una investigación” ordenada por la Fiscalía. Ese mismo día, la Policía informa sobre la primera víctima de la marcha; Pedro Moye, de 13 años, fallece al caer de un vehículo en movimiento que perseguía la marcha.
Al día siguiente, 23 de agosto, el ministro Romero lanza duras acusaciones contra la Embajada de EE.UU. y la acusa de haber vulnerado la Convención de Viena de 1961 y de haberse inmiscuido en asuntos internos de Bolivia. Al mismo tiempo, acusa a los dirigentes indígenas de haber sido financiados por organizaciones no gubernamentales. Hablando desde el Palacio de Gobierno, 24 de agosto, el director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macro Regiones y Zonas Fronterizas, (ADEMAF), Juan Ramón Quintana, pide la expulsión de USAID, a la que acusa de apoyar y financiar la marcha indígena. Las declaraciones son objeto de contradicciones, 25 de agosto; el ministro Romero rectifica a Quintana: “No podemos hablar de fechas ni de procedimientos, el Gobierno nacional no ha hablado de la expulsión de USAID”.
Mientras tanto, en Puerto San Borja, fracasa un nuevo intento de diálogo. Tras un tenso encuentro, los enviados del gobierno retornan a La Paz. La madrugada del 26 de agosto, los indígenas deciden emprender la marcha, pese a que existía un compromiso de diálogo con los ministros. “Nos hemos quedado con los crespos hechos, como se dice, esperando la posibilidad del diálogo. Nos han dejado, han huido del lugar, no han sostenido su palabra (…) y no tenemos ninguna posibilidad de reiniciar el diálogo", se queja la ministra Teresa Morales.
El desplante de los indígenas provoca molestias al presidente Morales. El 27 de agosto el mandatario asegura que: “Su pliego es inatendible”, al referirse a la agenda de 16 puntos de la marcha indígena, ya que, según el mandatario, los marchistas también quieren paralizar las rutas San Buenaventura-Rurrenabaque y Monteagudo-Siguipati. El 28 de agosto, los machistas siguen su rumbo sin respuesta a sus demandas y un día después, el 29 de agosto, Juan Ramón Quintana insiste en que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) está involucrada en la marcha.
El penúltimo día de agosto, el presidente Morales dice sentirse abandonado por los gobernadores y alcaldes de las regiones que supuestamente se beneficiarían con la construcción del II tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el TIPNIS.
Finalmente, los ministros Sacha Llorenti (Gobierno), Carlos Romero (Presidencia) y Claudia Peña (Autonomías), que acuden a San Borja con la intención de establecer el diálogo con los marchistas, retornan a La Paz sin haber logrado su objetivo.
Presidente Morales descarta cualquier alternativa
El primer día del mes de septiembre, en conferencia de prensa en la Federación del Trópico, Evo Morales dice que “no hay tramo alternativo” para la carretera por el TIPNIS. Un nuevo intento de diálogo fracasa. El 2 de septiembre; los ministros Carlos Romero, Walter Delgadillo, Teresa Morales, Nilda Copa y Mabel Monje viajan a San Borja a entablar diálogo con los marchistas.
Los indígenas aceptan una nueva reunión, la misma que se instala oficialmente en San Borja, el 3 de septiembre. Un segundo deceso sucede a la marcha; Juan Uche Noé, un bebé de ocho meses que acompañaba a sus padres en la marcha, muere en San Borja víctima de una diarrea, 5 de septiembre. El tercer deceso se registra al día siguiente, 6 de septiembre.
El cacique chiquitano Edy Martínez Rivera muere en el accidente de AEROCOM, cerca del aeropuerto de Trinidad, cuando se dirigía a San Borja para incorporarse a la marcha. El 11 de septiembre, la marcha llega a La Embocada, a 25 kilómetros de Yucumo, donde colonizadores afines al gobierno y al Movimiento Al Socialismo bloquean para impedir el paso de los marchistas. Los indígenas piden hablar con el canciller David Choquehuanca. El gobierno de Evo Morales acepta el pedido de los marchistas y da luz verde a la mediación de Choquehuanca, pero su intervención resulta nuevamente infructuosa; 12 de septiembre. Doce días después, 24 de septiembre, un grupo de mujeres obliga a canciller Choquehuanca --tras el fracaso de una nueva negociación-- a encabezar la marcha para romper el bloqueo de policías y colonizadores en las inmediaciones de Yucumo. El Gobierno acusa a los marchistas de haber “secuestrado” y tomado como “rehén” al Canciller para utilizarlo como “escudo humano”.
El domingo 25 de septiembre, un contingente policial intervino la marcha indígena con gases lacrimógenos. La represión ocasionó que decenas de marchistas huyan al monte, al igual que varios niños. Esta acción ocasionó el repudio de varias organizaciones que protagonizaron una serie de movilizaciones y vigilias. "Gas, niños asustados, mujeres obligadas a subir a las flotas, hombres atados con cintas y puestos boca abajo. Ese es el escenario", informó la Fundación Tierra en un dramático relato de la acción policial. Tras la represión, el ministro de Gobierno Sacha Llorenti, sale a la palestra y justifica la represión, como la única alternativa que evitó un enfrentamiento mayor con los pobladores de Yucumo.
La ONU deplora gasificación violenta a indígenas del TIPNIS; cadenas internacionales de televisión muestran la cruel represión. El 27 de septiembre, un paro movilizado y contundente paraliza las principales ciudades capitales en el país, a la que se sumaron maestros, transportistas, trabajadores en salud a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Horas más tarde, oficialistas y opositores interpelarán al ministro Sacha Llorenti. Coinciden en que el Ministro de Gobierno debe ser interpelado en Diputados sobre la intervención a la marcha indígena, para que explique las razones jurídicas que impulsaron a tal acción policial. Al día siguiente, 28 de septiembre, Llorenti renuncia irrevocablemente a su cargo y asegura que se defenderá como cualquier ciudadano, por los medios de comunicación.
El 1 de octubre, el presidente Evo Morales plantea, en la localidad de San Antonio, donde se reunió con 16 comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), la convocatoria a un referendo en los departamentos de Beni y Cochabamba para que se apruebe o se rechace la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por el Parque. En el encuentro, Morales también garantizó la promulgación de una ley drástica contra los asentamientos de colonizadores en el TIPNIS, y el desalojo de los que se asentaron de forma ilegal. El 2 de octubre, indígenas quieren camino y desalojo de colonos. Los originarios yuracarés y trinitarios de 16 comunidades que viven en el TIPNIS, ratificaron la necesidad de la construcción del camino y la seguridad jurídica para evitar asentamientos de los colonos. El 3 de octubre, los marchistas, dispersos entre las localidades de San Borja y Rurrenabaque, decidieron continuar su caminata hasta llegar a la sede de gobierno. Sus principales dirigentes son dados de alta la tarde del 4 de septiembre, tras sufrir una golpiza de manos de efectivos policiales, el 25 de septiembre. Kilómetros antes de llegar a Yucumo, acompañados del canciller Choquehuanca. En esta jornada, los medios masivos hacen conocer que la Policía tenía la orden de detener a 40 dirigentes durante la intervención a la marcha indígena.
El 4 de octubre, reanudada la marcha, rumbo a Sapecho marchan los indígenas de tierras bajas; las condiciones de la carretera no son de las mejores y su paso se vio retrasado la mañana del martes, cuando tenían que partir de Palos Blancos, esto debido a que se estaban realizando trabajos de mantenimiento en la vía. A las 05:00 de la madrugada del miércoles 5 de octubre, la marcha parte de Sapecho con 600 indígenas y en el trayecto se suman 150, a 54 kilómetros antes de llegar a Caranavi, los pobladores de esta región expresan su apoyo y les agradecen por defender la reserva natural más grande de Bolivia.
Al llegar a Caranavi, el clima cálido queda atrás, el frío es un estado al que los indígenas de tierras bajas no están acostumbrados y los marchistas sienten la altura de la región altiplánica. La siguiente parada es Yolosita, desde donde la carretera deja de ser de tierra y pasa a ser asfalto.
