El Estado Plurinacional, hoy: entre
la revolución y la paradoja señorial
Este
22 de enero, se celebra, al menos en términos del gobierno, el tercer aniversario del Estado Plurinacional,
vigente desde aquel 07 de febrero de 2009, fecha en la cual se promulgó –con
toda su fuerza necesaria– la Nueva
Constitución Política del Estado que, al menos en teoría, representa la
síntesis ideológica de este nuevo Estado que el día de hoy, precisa ser
evaluado, a fin de precisar su estado real, por lo que divido el presente análisis en tres facetas:
una institucional, otra política y, finalmente una dimensión económico-social.
La
dimensión institucional del Nuevo Estado:
Leyes,
más leyes
Para nadie es desconocido que desde la puesta
en marcha de la Nueva Constitución el pasado 2009, el Gobierno se trazó la meta
de construir todo el andamiaje institucional del nuevo Estado, incorporando la
etiqueta de “plurinacional” a todo evento o institución que se puso a su paso,
logrando de este modo –aún de manera
parcial e incompleta– “refundar” algunas instituciones como el Tribunal
Constitucional Plurinacional o el Tribunal Supremo de Justicia, además de la promulgación de las
cinco leyes fundamentales (Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del
Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal
Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización),
que eran vistas como los pilares del Nuevo Estado.
Hoy
en día este proceso, ha anclado el proceso de cambio en una perspectiva
burocrática y legalista sin sentido alguno. Todo el debate histórico del
cambio, parece haberse concentrado a la discusión de unas cuantas leyes, que
por más revolucionarias que pretendan ser, no logran mejorar la calidad de vida
de la gente, ni menos dar respuesta a las múltiples exigencias que se plantean
día a día, sumado a ello, las nuevas exigencias emergentes de la Cumbre Social
de Cochabamba (enero 2012), consistentes en la necesidad de aprobar y gestionar
todo un nuevo paquete de leyes (casi 70 leyes), tan absurdas e intrascendentes
como aquellas referidas la protección de testigos o la de agentes encubiertos
en materia de corrupción.
En
todo caso, se debe apuntar que si bien existe la necesidad de consolidar todo
el andamiaje institucional del Nuevo Estado Plurinacional, sin embargo, el
hacerlo no debe descuidar la real perspectiva del cambio, es decir, la
perspectiva revolucionaria, que brinde respuestas a la gente y que retome la
idea de la política, como un espacio de alta conflictividad donde se define el
curso de la Nación.
La
dimensión política: entre la Nueva Agenda y las fisuras del Bloque Social
Revolucionario
Curiosamente
a la par que se daba este desarrollo institucional del Nuevo Estado, el
Gobierno Nacional, de modo abrupto, decidió dar por cerrada la Agenda de
Octubre (nacionalización de hidrocarburos, recuperación de los recursos
naturales y nuevo modelo económico), para dar paso a una nueva Agenda Nacional,
que resuma los objetivos a seguirse los próximo años de gobierno, convocando
para tal fin a la famosa Cumbre Social en Cochabamba (enero de 2012) con la
finalidad de construir participativamente esta “Nueva Agenda”, sin embargo, la
citada Cumbre, quedó lejos –muy lejos– de lograr tal propósito, arrojando más
al contrario una especie de “agenda legislativa” (más de 70 leyes a ser
aprobadas), lo cual nos deja dos lecciones: por un lado, una fuerte crítica a
rol de la Asamblea Legislativa Nacional que en los hechos, se ha visto superada
por la Cumbre Social que le ha tenido que imponer una agenda legal a seguir y,
por el otro, la ausencia de una perspectiva histórica en el actual proceso de
cambio, capaz de guiar nuestro horizonte los próximos 10 o 15 años.
A
todo ello, se debe sumar que definitivamente en 2010, en términos políticos, ha
sido el peor año para el Gobierno, no sólo porque se ha dado una ruptura real
con los pueblos y los líderes de las tierras bajas (oriente, amazonia, CIDOB,
etc.), sino también porque se ha puesto en tela de juicio el pretendido
carácter indígena del gobierno, develando una tensión entre el paradigma
industrial (construcción de carreteras, industrias, puentes, etc.) que exige el
desarrollo industrial y la economía nacional y el paradigma del “vivir bien”,
de respeto a la Madre Tierra y a los derechos indígenas. Sumado a ello, se debe tener en cuenta la
emergencia de nuevos líderes indígenas como Adolfo Chávez, con una perspectiva
propia.
La
dimensión Económica - Social: entre el statu quo y la movilización
Finalmente,
el otro elemento importante, es el referido a la dimensión económica - social
del cambio. Al respecto, si bien el Art. 306 de la Nueva Constitución enseña
que: “La economía plural está constituida por las formas de organización
económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa”, en los hechos,
en Bolivia, rige una economía de mercado, liberal, con fuerte énfasis en el
sector estatal y privado, al punto tal que el mismo Alfredo Rada (exministro de
Gobierno) en su artículo titulado La estabilidad le gana al cambio (Página
Siete), afirma: “Este pluralismo pasa
por alto que la realidad técnica, organizativa y cultural de la producción
capitalista sigue dominando a las demás formas sociales y comunitarias. Ignora
que no será posible construir un nuevo
modelo económico social comunitario sino es transformando las relaciones
sociales de producción capitalistas, así como las formas de transferencia de
valor desde las economías comunitarias hacia las económicas capitalistas.
Ignora que en este contexto pluralmente denominado por el poder del capital,
los propios avances en la nacionalización del sector hidrocarburos pueden
terminar anclados en una nueva versión de capitalismo de Estado”. Más claro,
agua.
Estas
declaraciones, en realidad, tienen el mérito de develarnos lo que sucede
exactamente hoy en Bolivia: un país que si bien reclama estar transitando hacia
un nuevo modelo productivo nacional con fuerte énfasis en la economía estatal,
comunitaria y cooperativa, sin embargo, en los hechos, son las lógicas del capitalismo
a secas (economía de mercado), las que regulan la vida cotidiana de la sociedad
y de los grandes negocios del Estado (véase cualquier dato del sector de
hidrocarburos o de energía eléctrica),
por lo que el Gobierno se encuentra en la difícil encrucijada de acabar
apostando por una economía capitalista o en su caso, a buscar el equilibrio
dentro de esa economía plural, donde –tal como lo afirma Rada– es el poder del
capital el que manda y define el curso inmediato.
Al
respecto, se puede citar como un elemento central de esta tensión, el famoso
gasolinazo asumido en diciembre de 2010,
el cual no sólo puso en tela de juicio la economía de bienestar, abundancia y
bonanza, sino también el pretendido carácter socialista del Gobierno,
mostrándonos que Bolivia no había sido una isla en el contexto internacional y
que, por ende, no está ajena a las leyes de la oferta y la demanda, propias del
sistema capitalista.
Conclusión:
entre la Revolución y la Paradoja Señorial
Luis
H. Antezana, en su ensayo Dos conceptos en la obra de René Zavaleta Mercado:
Formación abigarrada y democracia como autodeterminación, rescata el concepto
de paradoja señorial expuesto por René Zavaleta Mercado, apuntando hacia el
hecho que: “pese a las grandes movilizaciones populares que marcan a la
sociedad boliviana y sus más profundas crisis, bajo diversas máscaras –que no
excluyen, ciertamente, la apariencia de una posible burguesía nacional–, la
tradicional oligarquía se las arregla para seguir ejerciendo el poder; de ahí
aquello que aún “en el momento mismo del auge de las masas”, dice Zavaleta
Mercado, “los pueblos miran a veces como su liberación a lo que suele no ser
sino una disputa de reemplazo entre las estirpes de sus amos”. Por otro lado,
la “paradoja señorial” apunta también hacia los límites objetivos del hacer
socio-político en la Bolivia contemporánea. La dominación oligárquica tiñe con
sus ecos y restos coloniales los procesos de constitución, sobre todo, estatal
en Bolivia”.
Un
rasgo central en nuestra historia, radica en el hecho de que a pesar de los
grandes procesos insurreccionales que se viven en el país, muchas veces, son
las élites señoriales las que se hacen del poder, de donde deviene la popular
afirmación de que en Bolivia “todo cambia, pero nada al mismo tiempo”, tensión
histórica que hoy en día pone en tela de juicio todo el proceso de cambio y que
nos permite ver que lo que existe en el trasfondo de todos estos conflictos, es
en realidad, del destino del proceso de cambio: si este proceso sigue siendo un
proceso de arraigo y tendencias populares con el pueblo como actor principal de
los cambios o, en su caso, se desvía para que un puñado de señores, a nombre de
aquél, usurpen el destino del país, y también de la revolución.
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