23 de enero de 2012

TEMA CENTRAL


Concejo Municipal y alcalde electo obligados a iniciar acciones legales tras informe de la Contraloría que auditó las gestiones de Marcelo Galindo Gómez y Carla Lorena Pinto
Alcaldesa y exalcalde serán procesados por daño económico y contravenir el orden jurídico administrativo

El informe de la Contraloría General del Estado en una auditoría realizada a la gestión municipal 2010  revela irregularidades e incongruencias cometidas por la alcaldesa interina, Carla Lorena Pinto Bustamante, y el exalcalde y actual viceministro de Autonomías, Marcelo Tito Galindo Gómez.



El informe en cuestión dispone: “(…) Se recomienda al Concejo Municipal y Alcaldesa del Gobierno Municipal de Quillacollo instruir el inicio del proceso administrativo en contra de los funcionarios que realizaron acciones u omisiones que contravinieron el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del administrador público, en las observaciones descritas…”, haciendo referencia a la auditoría realizada a la gestión 2010 del gobierno municipal de Quillacollo.

Tras una revisión minuciosa de documentación respecto a temas específicos como la adquisición (donación) de carro bombero, contratación de la empresa YPC  SRL para la ejecución del matadero municipal en una segunda oportunidad y contrataciones irregulares de personal para el gobierno municipal –entre otros--  durante la gestión 2010, la Contraloría General del Estado recomienda iniciar acciones legales contra la alcaldesa saliente, Carla Lorena Pinto Bustamante y el exalcalde Marcelo Tito Galindo Gómez y actual Viceministro de Autonomías por existir suficientes indicios de responsabilidad de daño económico al Estado y contravenciones al ordenamiento jurídico-administrativo por parte de ambas autoridades junto a otros funcionarios del entorno cercano de las dos autoridades.

Las observaciones efectuadas  en el proceso de auditoría son las siguientes:
Adjudicación y entrega de
anticipo para la construcción
del matadero municipal a la
empresa YPC SRL

En este caso, la alcaldesa interina, Carla Lorena Pinto contrata a la empresa YPC  SRL, en virtud de la Resolución Municipal Nº 188/2010 aprobada por el Concejo Municipal, y luego de las observaciones administrativas al proceso de contratación,  el ente fiscalizador recomienda iniciar acciones contra los funcionarios responsables del proceso de contratación.   

Pese a las recomendaciones la Alcaldesa, amparada en la decisión gerencial, ordena contratar a dicha empresa el 22 de diciembre de 2010 con un plazo de ejecución 270 días calendario. Al presente, no se plantó siquiera un cimiento. Al día siguiente la Alcaldía realiza inmediatamente el desembolso del anticipo de Bs. 1.590.550, que comprende el anticipo del 20% del total del contrato, fondos provenientes del Programa “Bolivia cambia, Evo Cumple”.

Respecto a la falta de inicio de la construcción, la empresa contratada hace varias observaciones y solicita viabilizar un nuevo emplazamiento y cumplir con todos los requisitos técnicos, legales y ambientales requeridos por SENASAG.

Asimismo, el informe  hace notar que el estudio a diseño final utilizado para este proceso de contratación fue el mismo que se utilizó en una anterior oportunidad para contratar a la empresa constructora, GAZA, la que inició esta obra en 2008 y denunciada  posteriormente ante el Ministerio Púbico. Hasta el momento aún sigue el proceso de investigación y esa obra no debería tocarse mientras no se defina las soluciones legales.

“En este sentidolos funcionarios el Gobierno Municipal de Quillacollo que se responsabilizaron por la adjudicación y entrega del anticipo para la construcción del matadero municipal en diciembre de 2010, son: Carla Lorena Pinto Bustamante, alcaldesa municipal de Quillacollo; Edgar Vladimir Torrelio Espinoza, en calidad de responsable de proceso de contratación; Wilberth Oporto, ex oficial Mayor Técnico y Dennis Aldunate, excoordinador del programa “Bolivia cambia, Evo Cumple”, quienes habrían vulnerado las normas legales y técnicas señaladas anteriormente.


Carro bombero nunca llegó a Quillacollo
En fecha de 30 de abril de 2010 el exalcalde de Quillacollo, Marcelo Tito Galindo Gómez, suscribió un convenio de donación con Christopher James Gannon para la dotación de un carro bombero; sin embargo, hasta la fecha los quillacolleños no conocen dicho carro bombero.
La cláusula primera de dicho convenio hace referencia a un convenio de donación; sin embargo la cláusula tercera hace referencia a la adquisición del carro bombero más sus accesorios además del traslado de dos instructores capacitadores hasta Quillacollo.

En fecha 19 de mayo de 2010 el exalcalde Galindo hace el desembolso de Bs. 153.894, es decir, pagó mucho antes de la firma del convenio, lo que significa que constituye una irregularidad de orden administrativo-financiero.

El 11 de agosto de 2011 ALBO SA informa de que el vehículo se encuentra en la Aduana interior Cochabamba. Habiendo ingresado el 15 de octubre de 2010. Asimismo, el informe indica que primero debe hacerse la reconversión del volante en la Zona Franca de Oruro y el posterior trámite de desaduanización y exoneración impositiva, una vez concluido todo ello recién podía salir de la Aduana.

Ya en la verificación física, por parte de la Contraloría General del Estado, se evidenció que “los accesorios detallados en el convenio no se encontraban en el vehículo; el carro bombero se encuentra a la intemperie donde se está dañando la cubierta exterior y las partes de goma; tampoco se tiene evidencia de la llegada de los instructores; aparentemente el carro bombero difiere en la forma y tamaño, resalta entre sus pates más importantes.

Asimismo, el informe hace la observación a que la actual alcaldesa no hizo en su momento las gestiones necesarias, para tramitar el cambio de volante y la desaduanización, tampoco existe un acta de recepción oficial del carro bombero y mucho menos documentación que acredite al gobierno municipal la propiedad de ese carro bombero. Debido a que no existe un comprobante que el gobierno municipal haya recibido los bienes y servicios por los que pagó, considerando un desembolso sin respaldo.

“Por lo expuesto, se considera que los funcionarios responsables de la adquisición del carro bombero durante la gestión 2010 y quienes hubiesen adoptado acciones tendientes para lograr la adecuada recepción, manejo y preservación del carro son: Marcelo Tito Galindo Gómez, exalcalde municipal; Carla Lorena Pinto Bustamante, alcaldesa interina; Gladis Padilla, Freddy Gonzales, Adolfo Bonadona, Miguel Ángel Ribera y Norma Zenteno, quienes habrían vulnerado las normas legales señaladas anteriormente”, culmina el informe respecto a este acápite.


Otros tres casos que  observó la Contraloria
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA

Enla gestión también del exalcalde municipal Marcelo Galindo se adquirió una camioneta Toyota doble cabina destinada al hospital de Quillacollo, Distrito 9, por el monto de Bs. 239.107,40, y  dentro de las observaciones más sobresalientes señala que el proceso de contratación fue irregular, buscando favorecer a la empresa  Toyota, como la falta de certificación presupuestaria y otros requisitos y plazos alterados.

Pero lo más sobresaliente es el retraso al momento de la entrega del vehículo, y más aún cuando detectan un posible daño económico.La municipalidad debía haber cobrado la suma de Bs. 48.000 a la empresa adjudicada, por el incumplimiento en el plazo de la entrega.

Al igual que en los anteriores casos, la Contraloría recomienda iniciar procesos legales por haber vulnerado las normas administrativas, a los funcionarios Marcelo Tito Galindo Gómez, Fredy Gonzales Flores, Juan Ernesto Huanca Araoz y Norma Zenteno.

CONTRATACIÓN DE CONSULTORES EN LÍNEA PARA SALUD SIN DOCUMENTACIÓN

La Alcaldía contrata un total de 22 profesionales en salud entre médicos y paramédicos por cuyos servicios pagó Bs. 520.911 con recursos provenientes del IDH.
Dentro de este proceso de contrataciones se observa la inexistencia de la documentación respaldatoria que sustenta los procesos de contratación. Y dentro de los respaldos sólo se observa la planilla de haberes de cada mes.
De la misma forma el informe evidencia incumplimientos al ordenamiento  jurídico administrativo y recomienda procesos administrativos contra Carla Lorena  Pinto Bustamante, Deysi Céspedes López y Norma Zenteno.

INEXISTENCIA DE PDM, PMOT Y SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

En la comuna de Quillacollo no existe un Plan de Desarrollo Municipal (PDM), a la fecha no hay un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) y es inexistente igual de Reglamentos de los Sistemas de Administración, todos ellos y otros reglamentos de administración señalados en la ley Nº 1178, su implementación de estos es obligatorio según dicha norma.
Ante ello existirían indicios de responsabilidad administrativa en contra de Carla Lorena Pinto Bustamante, tal como señala el artículo 29 de la ley Nº 1178
Así mismo no existe un programa municipal de seguridad ciudadana que respalde los gastos efectuados con recursos del IDH, sin importar la creciente inseguridad ciudadana en Quillacollo, ni el Consejo de Seguridad Ciudadana posesionado hace un par de meses, tuvo frutos para combatir esta creciente ola de violencia.
Por lo que la Contraloría, recomienda Iniciar acciones legales a los Funcionarios Carla Lorena Pinto y Edgar Vladimir Torrelio, exoficial Mayor de Planeación.
Tras todos estos informes la Contraloría General del Estado recomienda tácitamente al Honorable Concejo Municipal iniciar acciones legales correspondientes contra las personas involucradas en cada uno de los casos.

LA ALCALDESA SALIENTE

Por su parte la alcaldesa saliente, Carla Lorena Pinto Bustamante, fue muy breve en sus comentarios a este respecto. Señaló en los distintos medios de comunicación que  “es una herencia de gobiernos municipales anteriores”, pero que sin embargo, está dispuesta a presentar toda la documentación requerida y a presentarse a las instancias que lo requieran para la aclaración de estos temas.

EL ALCALDE ENTRANTE

Charles Becerra, alcalde electo del municipio de Quillacollo, señaló que será implacable para hacer cumplir las disposiciones emitidas por la Contraloría General del Estado, “Si existe irregularidades o indicios de daño económico lo que se debe hacer es iniciar las acciones legales que amerite contra todos los involucrados”, dijo.

CONCEJO MUNICIPAL

Este informe de la Contraloría General del Estado actualmente es analizado en su etapa de recolección de pruebas por parte de los afectados. En la Comisión de Ética del Concejo Municipal conformado por los concejales Julio Santos (UNE) y  Víctor Osinaga (MAS), quienes deben sustanciar la información para luego emitir su informe que podría derivar desde una llamada de atención verbal y escrita hasta la sanción con la remuneración económica.

El plazo venció el 20 de enero, pero al culminar la jornada aún no se conocía el informe. Tras ello se iniciaría las acciones legales ante las instancias jurídicas.



Alcaldesa brilló por su ausencia
Cercado y El Paso
firman acuerdo


Pobladores de El Paso alzaron la voz, un 29 de enero de 2011, exigiendo la devolución de los pozos de agua que se encuentran bajo administración del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA); al presente los pozos siguen abasteciendo al Cercado.


El conflicto  por pozos entre el cantón El Paso (Quillacollo) y el municipio del Cercado, culminó con la firma de un acuerdo entre partes, donde también participó la Gobernación del departamento y representantes municipales de Quillacollo, este 20 de enero, en el distrito 8.
Antecedentes

Como una especie de ejercicio de su anhelada autonomía, la población de El Paso, protagonizó movilizaciones y una interpelación a las autoridades de la provincia Cercado, el 29 de agosto de 2011, en procura de la devolución de los pozos, perforados hace más de 15 años, y del que no se beneficiaron. 

Las medidas  que se tradujeron en marchas, bloqueos, negociaciones, vigilias, pausas y hasta fricciones, permitieron enarbolar la unidad de la población en torno a la causa.
La búsqueda del diálogo entre las partes, que se frustró en varias oportunidades, debido a la intransigencia  de representantes del Cercado y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA), obligó a las partes a plantear soluciones.
Bases del acuerdo
Al presente, las bases del acuerdo firmado, señala, que El Paso permitirá a SEMAPA la perforación de cuatro pozos de agua, destinados a abastecer al cantón y al municipio de Cercado.
Al respecto, el dirigente del distrito 8, Plácido Molina, dijo que los pobladores de El Paso analizaron la situación que atraviesa el Cercado y decidieron otorgar uno de los cuatro pozos a este municipio para abastecer de agua a los pobladores de la zona sur, mientras la fuente de Misicuni cobra vida.
En lo que respecta al municipio de Quillacollo, Molina aseguró que los pozos que permitirán el funcionamiento del Plan maestro de agua potable y alcantarillado están garantizados.

Por otro lado, manifestó que, entre las demandas de infraestructura vial, la Gobernación, en contraparte con el municipio de Quillacollo, financiará la construcción de dos puentes, Chocaya y Antofagasta, además del asfaltado de la doble vía ElíasMeneses.
Estas obras, según señaló Molina, se iniciarán en esta gestión.

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