Concejo
Municipal y alcalde electo obligados a iniciar acciones legales tras informe de
la Contraloría que auditó las gestiones de Marcelo Galindo Gómez y Carla Lorena
Pinto
Alcaldesa y
exalcalde serán procesados por daño económico y contravenir el orden jurídico
administrativo
El informe de la Contraloría General
del Estado en una auditoría realizada a la gestión municipal 2010 revela irregularidades e incongruencias
cometidas por la alcaldesa interina, Carla Lorena Pinto Bustamante, y el
exalcalde y actual viceministro de Autonomías, Marcelo Tito Galindo Gómez.
El
informe en cuestión dispone: “(…) Se recomienda al Concejo Municipal y
Alcaldesa del Gobierno Municipal de Quillacollo instruir el inicio del proceso
administrativo en contra de los funcionarios que realizaron acciones u
omisiones que contravinieron el ordenamiento jurídico-administrativo y las
normas que regulan la conducta funcionaria del administrador público, en las
observaciones descritas…”, haciendo referencia a la auditoría realizada a la
gestión 2010 del gobierno municipal de Quillacollo.
Tras
una revisión minuciosa de documentación respecto a temas específicos como la
adquisición (donación) de carro bombero, contratación de la empresa YPC SRL para la ejecución del matadero municipal
en una segunda oportunidad y contrataciones irregulares de personal para el
gobierno municipal –entre otros--
durante la gestión 2010, la Contraloría General del Estado recomienda
iniciar acciones legales contra la alcaldesa saliente, Carla Lorena Pinto
Bustamante y el exalcalde Marcelo Tito Galindo Gómez y actual Viceministro de
Autonomías por existir suficientes indicios de responsabilidad de daño
económico al Estado y contravenciones al ordenamiento jurídico-administrativo
por parte de ambas autoridades junto a otros funcionarios del entorno cercano
de las dos autoridades.
Las
observaciones efectuadas en el proceso
de auditoría son las siguientes:
Adjudicación
y entrega de
anticipo
para la construcción
del
matadero municipal a la
empresa
YPC SRL
En
este caso, la alcaldesa interina, Carla Lorena Pinto contrata a la empresa
YPC SRL, en virtud de la Resolución
Municipal Nº 188/2010 aprobada por el Concejo Municipal, y luego de las
observaciones administrativas al proceso de contratación, el ente fiscalizador recomienda iniciar
acciones contra los funcionarios responsables del proceso de contratación.
Pese
a las recomendaciones la Alcaldesa, amparada en la decisión gerencial, ordena
contratar a dicha empresa el 22 de diciembre de 2010 con un plazo de ejecución
270 días calendario. Al presente, no se plantó siquiera un cimiento. Al día
siguiente la Alcaldía realiza inmediatamente el desembolso del anticipo de Bs.
1.590.550, que comprende el anticipo del 20% del total del contrato, fondos
provenientes del Programa “Bolivia cambia, Evo Cumple”.
Respecto
a la falta de inicio de la construcción, la empresa contratada hace varias
observaciones y solicita viabilizar un nuevo emplazamiento y cumplir con todos
los requisitos técnicos, legales y ambientales requeridos por SENASAG.
Asimismo,
el informe hace notar que el estudio a
diseño final utilizado para este proceso de contratación fue el mismo que se
utilizó en una anterior oportunidad para contratar a la empresa constructora,
GAZA, la que inició esta obra en 2008 y denunciada posteriormente ante el Ministerio Púbico.
Hasta el momento aún sigue el proceso de investigación y esa obra no debería
tocarse mientras no se defina las soluciones legales.
“En
este sentidolos funcionarios el Gobierno Municipal de Quillacollo que se
responsabilizaron por la adjudicación y entrega del anticipo para la
construcción del matadero municipal en diciembre de 2010, son: Carla Lorena
Pinto Bustamante, alcaldesa municipal de Quillacollo; Edgar Vladimir Torrelio
Espinoza, en calidad de responsable de proceso de contratación; Wilberth
Oporto, ex oficial Mayor Técnico y Dennis Aldunate, excoordinador del programa
“Bolivia cambia, Evo Cumple”, quienes habrían vulnerado las normas legales y
técnicas señaladas anteriormente.
Carro
bombero nunca llegó a Quillacollo
En
fecha de 30 de abril de 2010 el exalcalde de Quillacollo, Marcelo Tito Galindo
Gómez, suscribió un convenio de donación con Christopher James Gannon para la
dotación de un carro bombero; sin embargo, hasta la fecha los quillacolleños no
conocen dicho carro bombero.
La
cláusula primera de dicho convenio hace referencia a un convenio de donación;
sin embargo la cláusula tercera hace referencia a la adquisición del carro
bombero más sus accesorios además del traslado de dos instructores capacitadores
hasta Quillacollo.
En
fecha 19 de mayo de 2010 el exalcalde Galindo hace el desembolso de Bs.
153.894, es decir, pagó mucho antes de la firma del convenio, lo que significa
que constituye una irregularidad de orden administrativo-financiero.
El
11 de agosto de 2011 ALBO SA informa de que el vehículo se encuentra en la
Aduana interior Cochabamba. Habiendo ingresado el 15 de octubre de 2010.
Asimismo, el informe indica que primero debe hacerse la reconversión del
volante en la Zona Franca de Oruro y el posterior trámite de desaduanización y
exoneración impositiva, una vez concluido todo ello recién podía salir de la
Aduana.
Ya
en la verificación física, por parte de la Contraloría General del Estado, se
evidenció que “los accesorios detallados en el convenio no se encontraban en el
vehículo; el carro bombero se encuentra a la intemperie donde se está dañando
la cubierta exterior y las partes de goma; tampoco se tiene evidencia de la
llegada de los instructores; aparentemente el carro bombero difiere en la forma
y tamaño, resalta entre sus pates más importantes.
Asimismo,
el informe hace la observación a que la actual alcaldesa no hizo en su momento
las gestiones necesarias, para tramitar el cambio de volante y la
desaduanización, tampoco existe un acta de recepción oficial del carro bombero
y mucho menos documentación que acredite al gobierno municipal la propiedad de
ese carro bombero. Debido a que no existe un comprobante que el gobierno
municipal haya recibido los bienes y servicios por los que pagó, considerando
un desembolso sin respaldo.
“Por
lo expuesto, se considera que los funcionarios responsables de la adquisición
del carro bombero durante la gestión 2010 y quienes hubiesen adoptado acciones
tendientes para lograr la adecuada recepción, manejo y preservación del carro
son: Marcelo Tito Galindo Gómez, exalcalde municipal; Carla Lorena Pinto
Bustamante, alcaldesa interina; Gladis Padilla, Freddy Gonzales, Adolfo
Bonadona, Miguel Ángel Ribera y Norma Zenteno, quienes habrían vulnerado las
normas legales señaladas anteriormente”, culmina el informe respecto a este
acápite.
Otros
tres casos que observó la Contraloria
ADQUISICIÓN
DE CAMIONETA
Enla
gestión también del exalcalde municipal Marcelo Galindo se adquirió una
camioneta Toyota doble cabina destinada al hospital de Quillacollo, Distrito 9,
por el monto de Bs. 239.107,40, y dentro
de las observaciones más sobresalientes señala que el proceso de contratación
fue irregular, buscando favorecer a la empresa
Toyota, como la falta de certificación presupuestaria y otros requisitos
y plazos alterados.
Pero
lo más sobresaliente es el retraso al momento de la entrega del vehículo, y más
aún cuando detectan un posible daño económico.La municipalidad debía haber
cobrado la suma de Bs. 48.000 a la empresa adjudicada, por el incumplimiento en
el plazo de la entrega.
Al
igual que en los anteriores casos, la Contraloría recomienda iniciar procesos
legales por haber vulnerado las normas administrativas, a los funcionarios
Marcelo Tito Galindo Gómez, Fredy Gonzales Flores, Juan Ernesto Huanca Araoz y
Norma Zenteno.
CONTRATACIÓN
DE CONSULTORES EN LÍNEA PARA SALUD SIN DOCUMENTACIÓN
La
Alcaldía contrata un total de 22 profesionales en salud entre médicos y
paramédicos por cuyos servicios pagó Bs. 520.911 con recursos provenientes del
IDH.
Dentro
de este proceso de contrataciones se observa la inexistencia de la
documentación respaldatoria que sustenta los procesos de contratación. Y dentro
de los respaldos sólo se observa la planilla de haberes de cada mes.
De
la misma forma el informe evidencia incumplimientos al ordenamiento jurídico administrativo y recomienda procesos
administrativos contra Carla Lorena
Pinto Bustamante, Deysi Céspedes López y Norma Zenteno.
INEXISTENCIA
DE PDM, PMOT Y SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
En
la comuna de Quillacollo no existe un Plan de Desarrollo Municipal (PDM), a la
fecha no hay un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) y es inexistente
igual de Reglamentos de los Sistemas de Administración, todos ellos y otros
reglamentos de administración señalados en la ley Nº 1178, su implementación de
estos es obligatorio según dicha norma.
Ante
ello existirían indicios de responsabilidad administrativa en contra de Carla
Lorena Pinto Bustamante, tal como señala el artículo 29 de la ley Nº 1178
Así
mismo no existe un programa municipal de seguridad ciudadana que respalde los
gastos efectuados con recursos del IDH, sin importar la creciente inseguridad
ciudadana en Quillacollo, ni el Consejo de Seguridad Ciudadana posesionado hace
un par de meses, tuvo frutos para combatir esta creciente ola de violencia.
Por
lo que la Contraloría, recomienda Iniciar acciones legales a los Funcionarios
Carla Lorena Pinto y Edgar Vladimir Torrelio, exoficial Mayor de Planeación.
Tras
todos estos informes la Contraloría General del Estado recomienda tácitamente
al Honorable Concejo Municipal iniciar acciones legales correspondientes contra
las personas involucradas en cada uno de los casos.
LA
ALCALDESA SALIENTE
Por
su parte la alcaldesa saliente, Carla Lorena Pinto Bustamante, fue muy breve en
sus comentarios a este respecto. Señaló en los distintos medios de comunicación
que “es una herencia de gobiernos municipales
anteriores”, pero que sin embargo, está dispuesta a presentar toda la
documentación requerida y a presentarse a las instancias que lo requieran para
la aclaración de estos temas.
EL
ALCALDE ENTRANTE
Charles
Becerra, alcalde electo del municipio de Quillacollo, señaló que será
implacable para hacer cumplir las disposiciones emitidas por la Contraloría
General del Estado, “Si existe irregularidades o indicios de daño económico lo
que se debe hacer es iniciar las acciones legales que amerite contra todos los
involucrados”, dijo.
CONCEJO
MUNICIPAL
Este
informe de la Contraloría General del Estado actualmente es analizado en su
etapa de recolección de pruebas por parte de los afectados. En la Comisión de
Ética del Concejo Municipal conformado por los concejales Julio Santos (UNE) y Víctor Osinaga (MAS), quienes deben
sustanciar la información para luego emitir su informe que podría derivar desde
una llamada de atención verbal y escrita hasta la sanción con la remuneración
económica.
El
plazo venció el 20 de enero, pero al culminar la jornada aún no se conocía el
informe. Tras ello se iniciaría las acciones legales ante las instancias
jurídicas.
Alcaldesa
brilló por su ausencia
Cercado
y El Paso
firman
acuerdo
Pobladores
de El Paso alzaron la voz, un 29 de enero de 2011, exigiendo la devolución de
los pozos de agua que se encuentran bajo administración del Servicio Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA); al presente los pozos siguen
abasteciendo al Cercado.
El
conflicto por pozos entre el cantón El
Paso (Quillacollo) y el municipio del Cercado, culminó con la firma de un
acuerdo entre partes, donde también participó la Gobernación del departamento y
representantes municipales de Quillacollo, este 20 de enero, en el distrito 8.
Antecedentes
Como
una especie de ejercicio de su anhelada autonomía, la población de El Paso,
protagonizó movilizaciones y una interpelación a las autoridades de la
provincia Cercado, el 29 de agosto de 2011, en procura de la devolución de los
pozos, perforados hace más de 15 años, y del que no se beneficiaron.
Las
medidas que se tradujeron en marchas,
bloqueos, negociaciones, vigilias, pausas y hasta fricciones, permitieron
enarbolar la unidad de la población en torno a la causa.
La
búsqueda del diálogo entre las partes, que se frustró en varias oportunidades,
debido a la intransigencia de
representantes del Cercado y la Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (SEMAPA), obligó a las partes a plantear soluciones.
Bases
del acuerdo
Al
presente, las bases del acuerdo firmado, señala, que El Paso permitirá a SEMAPA
la perforación de cuatro pozos de agua, destinados a abastecer al cantón y al
municipio de Cercado.
Al
respecto, el dirigente del distrito 8, Plácido Molina, dijo que los pobladores
de El Paso analizaron la situación que atraviesa el Cercado y decidieron
otorgar uno de los cuatro pozos a este municipio para abastecer de agua a los
pobladores de la zona sur, mientras la fuente de Misicuni cobra vida.
En
lo que respecta al municipio de Quillacollo, Molina aseguró que los pozos que
permitirán el funcionamiento del Plan maestro de agua potable y alcantarillado
están garantizados.
Por
otro lado, manifestó que, entre las demandas de infraestructura vial, la
Gobernación, en contraparte con el municipio de Quillacollo, financiará la
construcción de dos puentes, Chocaya y Antofagasta, además del asfaltado de la
doble vía ElíasMeneses.
Estas
obras, según señaló Molina, se iniciarán en esta gestión.
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